La ampliación del Canal, por el que pasa el 5% del
transporte marítimo mundial y que permitirá el tránsito de embarcaciones de
mayor tamaño y calado, empezó en 2007 con el compromiso de concluir en octubre
de 2014, aunque en 2012 se confirmó que, por el atraso, las labores finalizarán
en junio de 2015. El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se
hizo en 2009 con la licitación para construir el tercer juego de esclusas del
Canal por 3.118 millones de dólares (2.270 millones de euros) e inició los
trabajos en agosto de ese mismo año. El costo total de la ampliación asciende a
unos 5.250 millones de dólares (unos 3.840 millones de euros). GUPC está formado
por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, por la belga Jan de
Nul y la panameña Constructora Urbana
Los rivales consideraron que la oferta de GUPC aceptada en
la licitación era temerariamente baja. Los cables de la Embajada de Estados
Unidos en Panamá, obtenidos por Wikileaks mostraban cómo en opinión de Bechtel,
la empresa de EE UU que perdió el concurso, la oferta de Sacyr de 3.120
millones de dólares (unos 2.300 millones de euros al cambio actual) no daba ni
para “poner el hormigón”. Bechtel había ofertado 4.200 millones de dólares y
sospechaba que Sacyr intentaría renegociar al alza el contrato al ejecutarlo.
El pasado 1 de enero GUPC
manifiesta su intención de suspender las
obras de construcción de un nuevo juego de esclusas, la principal obra de la ampliación del Canal, En
la carta enviada, el consorcio reclama a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
“discutir de una manera justa y apropiada
una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que
están afectando el proyecto”, que está ejecutado en un 65%. El Ejecutivo de Panama no acepta los
sobrecostes en los que ha incurrido el grupo de hasta 1.600 millones de dólares
(unos 1.200 millones de euros). La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), agencia
estatal que administra la ruta rechaza la reclamación la reclamación referente
a las mezclas de concreto [hormigón] y agregados fue denegada por la ACP” y se
remite al contrato.
Mientras la noticia hunde las acciones de Sacyr, la noticia
es que algún espabilado bien ubicado, casualmente vendió parte de sus acciones
unos días antes asegurando su inversión de varios millones de euros. Dudo que
sea el único “bien informado” aprovechando las leyes de mercado y de la libre
competencia. De inmediato, el gobierno español interviene como mediador
–supongo que esto implicará gastos porque, de momento ¿quién paga el viaje previsto
para el próximo domingo de la ministra de Fomento a Panamá?; y no es disparatado pensar –como veremos más adelante- que acabemos todos pagando o avalando el negocio privado asegurado
con dinero público. Lo incomprensible para los que ignoramos las profundicades
de la gestión económica empresarial es que el grupo se apunte los sobrecostes como
ingresos (¿?) como si las partes contratantes fueran colegas. Y tal vez lo fueran. Porque es la única forma
de entender las condiciones en las que se produjo la adjudicación cuando -los
acontecimientos lo confirman- la propuesta se
alejaba tanto de la razonable y pocos meses después nadie confiaba en
que la obra se realizase con éxito y en los plazos previstos. La constructora
e inmobiliaria enriquecida con el boom
del ladrillo que acabó endeudada encontraba en el mercado internacional nuevas
posibilidades de especular al amparo de los poderes públicos y financieros.
Ahora GUPC amenaza con paralizar la construcción
del nuevo juego de esclusas argumentando que
el millonario aumento de costos se debe
a errores en la información aportada por ACP para el diseño de la
expansión. Sacyr considera que los estudios geológicos en algunas zonas no
eran correctos, los materiales no estaban disponibles sobre el terreno (contra
lo que se decía en el pliego) para las especificaciones de cemento y hormigón
exigidas y, además, ha habido imprevistos como las fuertes lluvias de 2010
(???). Por parte panameña, se dice que
Sacyr hizo una oferta que ahora no pude cumplir por sus propios fallos.
Considera que serían razonables unos sobrecostes del 5% o 10%, pero no de más
del 50% como exige el consorcio. El arbitraje puede ser complejo
En fin, seguro que no
hay ningún responsable entre los bien
retribuidos ejecutivos de ambas partes, los
de la Autoridad del Canal de Panamá y los del Grupo Unidos por el Canal con
Sacyr-Vallehermoso a la cabeza. Se trata de una casta a prueba de crisis
La justificación de que cobren una fortuna por
su enorme capacidad de gestión, profesionalidad y generación de riqueza se
convierte en hipócrita cuando al fracasar nadie cuestiona ni su competencia ni sus
ingresos y los gobiernos corren raudos y veloces a cubrir espaldas y agujeros financieros. Así expliquen esto: Sacyr pierde más de 977 millones de
euros por su ajuste interno en 2012 y, no obstante, la compañía tiene
dinero suficiente para conceder un adelanto de casi 275.000 euros a su presidente para poder hacer frente a sus deudas
vinculadas con la compra de acciones del grupo. Se trata de un préstamo sin
intereses a una persona que posee el 6% del capital. El alto ejecutivo cobra
ese mismo año 2,52 millones de euros entre sueldo fijo y variable, casi un 65%
más que en 2011. Las facilidades de los ricos poderosos en el mercado libre
dónde cada uno ocupa el lugar que merece.
Tal vez deberíamos escuchar a Marx en el Soho o esperar que reaparezca en el canal de Panamá. ¿Retornará Marx? Sea así o no, me quedo con las palabras del poeta, “Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera...” Siempre la esperanza de que las cosas cambien. Que así sea.
